Los Gestores Humanitarios nacen de una lucha contra la impunidad ante el asesinato de Joselito Rodriguez un menor en condición de discapacidad, el cual según la comunidad de la inspección San Andrés en el municipio de Tello, fue presentado como un supuesto miembro de la guerrilla dado de baja en combates que nunca existieron, lo que jurídicamente se llamaría una ejecución extrajudicial y que eufemísticamente los medios llamaron "falsos positivos" delito que los hizo organizarse en defensa de sus derechos evitando que se repitieran las injusticias, pero también convirtiendose en ejemplo de resistencia de la sociedad civil campesina, para seguir viviendo en el territorio.
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