Al final del medio día del pasado 6 de diciembre, representantes de los ministerios del interior, agricultura, minas y energía y cultura del gobierno nacional y la comisión política de los campesinos indignados del Huila y Caquetá, quienes se habían dado cita para conocer del cumplimiento de los compromisos que el gobierno nacional había adquirido el pasado 12 de octubre, como condición para que 16.000 campesinos levantaran el paro que bloqueó las carreteras del Huila, terminaron teniendo un debate amistoso y hablando un lenguaje coloquial. Los campesinos porque descubrieron la incapacidad del gobierno para dar solución a sus requerimientos y los funcionarios ministeriales porque descubrieron que los campesinos habían descubierto su incapacidad.

Los funcionarios desmoralizados, terminaron aceptando que el problema era estructural, que el gobierno no tenía capacidad para resolverlo y que ellos mismos lo único que podían hacer era llevar la razón. Los campesinos, que ya saben de la insostenibilidad del sistema, conmiserados con la tragedia que estaban viviendo los funcionarios al sentirse descubiertos, es decir, cuando la farsa develada dejó de ser farsa para quedar convertida en una vulgar mentira, les encomendaron entonces la tarea de que sirvieran de mensajeros ante el alto gobierno para que este se informara de que los campesinos del Huila no claudicarán y, antes de hacer otra movilización, irán al Congreso Nacional Agrario que se realizará en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre próximos, a instancias de las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana, a donde llevarán su propuesta de Agendas de Desarrollo y Paz que ya presentaron en Florencia en las Mesas de paz convocadas por el Congreso de la República.

Los funcionarios, que al inicio de las conversaciones creyeron avasallar con el conocimiento de leyes, decretos y protocolos, pronto se dieron cuentan que se encontraban frente a un campesinado empoderado, que sin timidez reclamaba políticas claras del gobierno que les restituyera sus derechos. Los campesinos, con conocimiento de su territorio y las necesidades de sus comunidades, presentaron propuestas claras como la del mínimo vital campesino, que superan el mero asistencialismo estatal. Sin embargo, a todas las peticiones, los funcionarios públicos respondían con su incapacidad para la toma de decisiones y con la fatalidad de la ley que no permite el acceso a los derechos, argumentando que para cumplir con los compromisos adquiridos se requería un cambio legislativo.

Fue una reunión de dos días que pasará a la historia, porque los campesinos ya no indignados, sino transformados en actores políticos, desnudaron al gobierno nacional en una interlocución, donde no estuvieron la gobernadora ni los alcaldes ejerciendo la función pública para la que fueron elegidos; éstos desaparecen del escenario público y son los campesinos organizados los que ejercen gobernabilidad en la región frente a los representantes del gobierno nacional. Los campesinos fungen hoy como servidores de la cosa pública en pro del bienestar y el interés general, tanto en sus comunidades rurales y ahora en la ciudad, a la que se desplazan para hacer cumplir los derechos y la Constitución.

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