Papi folclóricoPese a los esfuerzos de ocultamiento de los grandes medios sobre los hechos de la “Minga Indígena, Social y Popular en defensa de la vida el territorio, la autonomía y la soberanía”, ésta constituye un hecho trascendental para la nación colombiana. El columnista, Carlos Andrés Baquero Díaz, de la Revista Semana fue de los pocos que en los grandes mass media referenciaron la importancia del hecho, su contenido y alcances, al tiempo que constató que en una semana los tres más grandes medios sacaron 58 noticias sobre el encuentro futbolístico Colombia-Chile, mientras escasamente hicieron alguna mención a la Minga en 20 noticias. Esto confirma el papel alienante y desinformador de los medios masivos colombianos. ¿Implicará este ocultamiento que la minga no tenga significación para la historia nacional? En absoluto. Baste asomarnos al análisis de los cinco puntos del Pliego presentado y respaldado por la movilización de más de 80.000 indígenas en 18 departamentos del territorio nacional, quienes mediante la toma de vías troncales, obligaron al gobierno a sentarse a negociar sus “exigencias”, las cuales sin duda tienen un profundo sentido revolucionario.

TIERRAS Y TERRITORIO

Hoy se reclama seguridad jurídica de los territorios indígenas y ejercicio pleno del derecho al territorio: Constitución, ampliación, saneamiento de los territorios indígenas-Resguardos coloniales. Es bien sabido que después de la invasión española se crearon los resguardos como formas de control para los pueblos nativos. Sin embargo, encomenderos y hacendados siempre intentaron apropiarse de sus territorios, tensión que se agudizó durante la República, hasta que bajo el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera se declaró la extinción de los resguardos y los indígenas fueron obligados al peonaje. A partir de esos años los pueblos nativos sobreviviente tuvieron que redoblar sus luchas por recuperar los títulos coloniales, siendo las más famosas las  lideradas por el indio Quintín Lame para el reconocimiento de los títulos sobre los resguardos de Natagaima y Coyaima. Hacia 2006, ya se había logrado la aprobación de 711 resguardos y se declara que cerca del 30% del territorio colombiano corresponde a ellos; sin embargo, no se puede pensar que los nativos tenga semejante cantidad de tierras laborables, pues la mayoría corresponde a zonas de páramo, de bosques y de altas pendientes o de pagamento, lo que los hacen no laborables, por lo que no deben ser intervenidos. Es decir, la mayoría de estas tierras resultan inhóspitas, puesto que es sabido que los colonizadores fueron reduciendo a los naturales hacia las zonas más inhabitables.

Adicionalmente, se denuncia que “cerca del 27% de la población indígena actual no cuenta con el reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento de sus derechos territoriales en calidad de resguardos”[i]. De ahí que parte de las pretensiones de los mingueros fuera la legalización de cerca de 300 nuevos resguardos, cuyos títulos de los tiempos coloniales dicen poseer. Se agudiza así la lucha contra la rapacidad de los terratenientes que se han valido del paramilitarismo, e incluso de las mismas fuerzas estatales para desheredar y desplazar comunidades indígenas, sin importar el desconocimiento a la Constitución y a las leyes que hoy protegen su sagrado derecho a la tierra.

El carácter revolucionario de estas reclamaciones se erige esencialmente en tres aspectos: a) Dado que la posesión, explotación y cuidado de la tierra es colectivo por parte de cada comunidad nativa, abriga el doble sentido de un comunismo primitivo, que al armonizarse hoy con la civilización contemporánea adquiere el carácter de un preámbulo a la nueva formación social del comunismo científico. b) En la medida que la Minga busca reivindicar el carácter sagrado de la madre tierra, conlleva la protección integral de las aguas, los bosques y el desarrollo sostenible del agro, lo cual se constituye en un ejemplo trascendental para el resto de la humanidad. c) La minga desnuda el negocio del narcotráfico, que con la política imperialista de ilegalización de cultivos ancestrales,  enriquece a grandes círculos capitalistas que medran en la ilegalidad, y plantea la legalización de la coca y sus múltiples usos saludables. Apunta así a una solución viable, racional y soberana de nuestro pueblo sobre un problema en torno al cual el Imperio pretende continuar su intervencionismo en nuestro país, al tiempo que lucha por reafirmar nuestra soberanía nacional.

Al respecto los resultados de la negociación entre la Minga y el Gobierno tuvo unos alcances sin precedentes en la historia nacional: “se logró la asignación de recursos para la compra de tierras destinadas a los Pueblos Indígenas… También se acordaron procedimientos expeditos al interior del INCODER para el trámite de una meta de 400 expedientes de saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas; la modificación de dos decretos que afectaban la seguridad jurídica de los territorios indígenas y la expedición de un decreto reglamentario de la Ley 21 de 1991, con fundamento en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el goce efectivo del derecho fundamental al territorio”[ii].

En cuanto al Territorio, la Minga retoma la exigencia del cumplimiento de la autonomía, inembargabilidad e inenajenabilidad por los propios nativos, los particulares o el Estado, lo cual garantiza las posibilidades del acceso al espacio en el cual se ha de hacer posible el desarrollo integral individual y colectivo. A ello se suma la reclamación de autonomía nativa para determinar el uso del suelo que armonice con el POT de los municipios contiguos y la manera de integrarse a los planes de desarrollo estatales. Esto último es importante en la medida en que en la actualidad los territorios indígenas son asimilables a los municipios para la asignación de los recursos de la participación del orden nacional, (puesto que “El Decreto 1809 de 1993 dispuso que los resguardos, legalmente constituidos al 13 de septiembre de 1993, se consideran como municipios para efectos de su participación en los ingresos corrientes de la Nación”).

Todos estos temas han traído grandes fricciones con las políticas de los gobiernos neoliberales ávidos de entregar la soberanía y el lucro a las compañías transnacionales, especialmente en temas de minería, proyectos energéticos y explotación de bosques, por lo cual la Minga los incluye la soberanía como punto específico de negociación. Al respecto los acuerdos de Piendamó produjeron unos resultados demasiado importantes pues hasta el momento eran los alcades municipales y gobernadores departamentales quienes manejaban y controlaban los recursos de la participación destinados a los resguardos: “Expedición de un decreto de origen constitucional para el funcionamiento de los Territorios Indígenas, las autoridades, el gobierno así como los sistemas propios de salud, educación y la administración propia de los recursos del Sistema General de Participaciones. Este es un paso fundamental para materializar la autonomía y el gobierno de los Pueblos Indígenas en Colombia,  una esperanza que se abre para cientos de Pueblos Indígenas en el mundo”[iii].

  

CONSULTA PREVIA SOBRE PROYECTOS MINERO, ENERGETICO  E HIDROCARBUROS. Revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.

Al respecto es ilustrativa la síntesis de Carlos A. Baquero: “La Minga cuestiona las consecuencias de la locomotora minera de Santos. Para los pueblos indígenas, los megaproyectos afectan de manera directa sus derechos territoriales. Según la ONIC en el 2012 existían 501 títulos mineros en resguardos indígenas, los cuales reflejaban 28.410.812 hectáreas concesionadas a favor de las empresas. Esta superposición de títulos colectivos y títulos mineros viola su derecho a la propiedad colectiva porque imposibilita el ejercicio autónomo de gobierno sobre sus territorios. De ahí que la Minga denuncie afectaciones a distintos niveles: limitación de la movilidad en los territorios, aparición de enfermedades crónicas y de prostitución forzada”[iv] .

Adicionalmente, deben tenerse en cuenta los efectos devastadores contra el medio ambiente, los nacimientos de ríos y quebradas y el deterioro de la calidad de las aguas, causados por los megaproyectos mineros, daños mayores aún si éstos suceden en zonas de páramo.  De ahí que la lucha de la Minga por la soberanía y autonomía sobre el manejo de sus territorios en lo que a minería y proyectos energéticos hace referencia tiene un profundo significado conservacionista que confronta el afán desaforado de enriquecimiento por parte de las Multinacionales. Es mismo sentido autonomista reposa en la reclamación sobre el manejo de semillas y la soberanía alimentaria, amenazadas por los TLCs. En estos temas el significado revolucionario de la Minga radica en que confronta y afecta radicalmente la dinámica del modelo neoliberal que amenaza gravemente el equilibrio ecosistémico de nuestro país y la seguridad alimentaria de las comunidades.

Al respecto, aunque la negociación no produjo unos acuerdos plenos, sí se acordó “la constitución de una comisión mixta Gobierno Nacional – Gobierno Indígena, para revisar el tema de concesiones, títulos y licencias, con el fin de conducir a la suspensión o revocatoria, de aquellos que sean violatorios de los derechos fundamentales de los indígenas, así como la adopción integral de los mandatos Constitucionales respecto a la Consulta Previa de la Política de privatización de semillas.”[v] Esto implica que mientras la Minga se mantenga unificada en pie de lucha, el gran capital va a sufrir severos desmedros en sus pretensiones inhumanas, y se constituye en un precedente importantísimo para la radicalización de las comunidades negras y campesinas que sufren amenazas similares.

EJERCICIO DE AUTONOMIA Y GOBIERNO PROPIO.

 Se fundamenta en la autonomía  Territorial y cultural, y el derecho a constituir gobiernos propios. Para Colombia el hecho de contar con 86 comunidades aborígenes que conservan tradiciones, teogonías y cosmogonías, con una variedad de mitologías y conocimientos autóctonos para interactuar con la naturaleza y para construir cultura, tiene un valor antropológico y etnográfico incalculable. Si bien, la lucha de la cultura judeocristiana para aniquilar la diversidad cultural amerindia resultó demoledora durante estos 500 años, la fuerza de las identidades culturales nativas sigue perviviendo en esta diversidad policromática que debería enorgullecer a Colombia entera. Estas pretensiones de autonomía político-cultural de mantener tradiciones y gobiernos propios ofenden a los cultores de la cosmovisión europeísta. Esta fue y sigue siendo una de las causas de la violencia implacable que se ejerció y se sigue ejerciendo por colonos, sectas religiosas intrusas, narcotraficantes y por las mismas fuerzas gubernamentales que han seguido diezmando a los líderes y palabreros nativos. He ahí la profunda validez de la lucha de la Minga por su autonomía política y cultural, buscando armonizar con la construcción de un país incluyente, justo y soberano. En esta materia, entre otros logros se negoció: “la implementación integral del Decreto Ley 4633 de 2011, del Programa de Garantías de derechos de los Pueblos Indígenas y los Planes de Salvaguarda étnica, así como la concertación y formulación de una política diferencial de derechos humanos”.

TLC Y POLITICA AGRARIA

Este punto plantea la “promoción del referendo para la derogatoria de los TLC  o la renegociación de los mismos, de igual manera la derogatoria de  todas las normas que afecten la soberanía alimentaria, garantías al agro Colombiano, protección al conocimiento ancestral, la economía propia.” Así como, la construcción de “un modelo que permita una verdadera política Agraria en Colombia” en favor de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que garanticen el equilibrio del medio ambiente con la vocación agrícola del país, a partir del apoyo de una política de reforma agraria integral. Estas pretensiones contradicen los intereses del puñado de agroindustriales que hoy por hoy monopolizan las políticas estatales que pretenden ponerse a tono con las exigencias imperiales de monocultivo y control de semillas, y que enriquecen monstruosamente a unos pocos cacaos, a costa del deterioro ambiental, de la seguridad alimentaria y de la profundización de la pobreza de las masas que laboran del agro y buscan producir con equilibrio ecosistémico. Fue sobre este tema que la negociación resultó más árida, pues el gobierno es radical en cuanto al mantenimiento de los TLCs, y será sobre este tema que la unidad con los demás sectores (campesinos y afrodescendientes) del agro tendrán que unificar y profundizar las luchas futuras. Esta visión de unidad de las organizaciones nativas con los demás sectores que se levantaron en el reciente Paro Agrario Nacional representa una lucha cualitativamente más avanzada, organizada y unificada que en el pasado,  la cual deberá profundizarse en el futuro próximo para generar el necesario cambio revolucionario del modelo socioeconómico.

DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO ARMADO Y PAZ

“Comprende la adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, la desmilitarización de los territorios indígenas, el desmonte de los Planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena”. Fue muy importante el pronunciamiento expreso que la Minga hizo de respaldo al proceso de paz que adelanta el gobierno y las FARC en La Habana, lo que  implica la superación de los sectarismos y la aceptación de que es inaplazable la consolidación de la paz en  Colombia. A pesar de que al respecto la negociación no avanzó a mayores concreciones, es claro que el pacto sobre la expedición de un Decreto de origen constitucional que garantice los derechos de los pueblos indígenas, representa un avance significativo para que en éste quede expreso el respeto a los derechos de los pueblos nativos, y en particular el derecho a la paz, el respeto a los derechos humanos y la desmilitarización de sus territorios. Es importante estar atentos a la redacción del contenido del decreto en referencia, pero más importante aún es avanzar en los niveles de organización que garanticen la presión frente al régimen para que se garantice el cumplimiento de unos derechos que además de figurar ya en la Constitución han sido confirmados y ampliados por las resoluciones de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas, pero que siguen siendo conculcados. De todos es sabido el trato brutal e inhumano con que el gobierno reprimió a la Minga especialmente en el Valle, Risaralda y Huila, (más de 150 heridos por el ESMAD y el ejército) mientras se adelantaba la negociación, por lo cual a futuro no podemos caer en engaños. Mientras las fuerzas populares no sean capaces de exigir con contundencia sus derechos, el régimen no hará la más mínima concesión.

En conclusión, en la noche del miércoles 23 de octubre, después de seis días de negociaciones y 12 de movilizaciones, el gobierno, encabezado por el ministro del Interior, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) llegaron a varios acuerdos en torno a las reivindicaciones planteadas por la protesta nacional de la Minga Indígena. La Minga dio muestras de capacidad de unificación de las diferentes formas organizativas que operan en todo el territorio nacional y de confiar en una dirección unificada que llevó la vocería ante el gobierno nacional, al tiempo que mantuvo la presión de la movilización masiva durante cerca de quince días, lo que obligó al gobierno a ceder sobre temas en los que había venido incumpliendo o que nunca había querido aceptar. En el presente análisis se hace referencia a los principales puntos de la negociación, sin pretender agotarlos pues ésta contiene matices más amplios y variados que merecen una aproximación más detallada  para los interesados.

El modelo capitalismo muestra globalmente señales inequívocas de agotamiento con consecuencias catastróficas para toda la humanidad. En Latinoamérica ha traído un despertar en la búsqueda de un modelo alternativo humanizante y sostenible a partir de la Revolución Cubana y los esfuerzos hacia experiencias socialistas de nuevo tipo en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, principalmente. Pero en el caso colombiano, pareciera mantenerse inmune a estos urgentes vientos de cambio, pese a la existencia de movimientos guerrilleros de enfoque marxista, que se precian de ser hoy por hoy los más antiguos del mundo. En este contexto, el movimiento popular alimentado por estudiantes, campesinos,  negritudes e indígenas, ha venido presentando un vivo despertar, (especialmente  estos dos últimos sectores) en los meses recientes, lo que anuncia una pronta “primavera colombiana” que revolucionaría las estructuras arcaicas. La Minga Indígena ha dado muestras de una mayor radicalidad y claridad en torno a ideales transformadores de la sociedad colombiana, la coloca hoy por hoy como  líder en los ideales de cambio estructural que reclaman las mayorías oprimidas de Colombia y Latinoamérica. No se dejaron los indígenas amedrentar por la sangrienta represión gubernamental, hasta conquistar los puntos esenciales de su petitorio. Y a fe que con sangre y esfuerzo La Minga dio grandes pasos y obtuvo importantes logros. Ello significa un avance cualitativo en el respeto a sus derechos, y preanuncia la posibilidad real de construir en Colombia un nuevo orden social colectivo, equitativo, solidario y soberano.

Por: Nemesio Gómez
Columnista Plataforma Sur

[i] HUMAN RIGHTS EVERYWHERE. Marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. 1ª. Edición, 2008. P. 21

[ii] http://cms.onic.org.co/2013/10/acuerdos-entre-el-gobierno-indigena-de-la-onic-y-el-gobierno-nacional

[iii] Ibid.

[iv] Baquero Díaz, Carlos Andrés. La otra cara de la Minga”, SEMANA Virtal, 25-10-2013

[v] http://cms.onic.org.co/2013/10/acuerdos-entre-el-gobierno-indigena-de-la-onic-y-el-gobierno-nacional

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