En la carretera Neiva – Bogotá, a las afueras de la capital del Huila, más exactamente en el barrio Villa Constanza se han concentrado aproximadamente 10.000 campesinos del Huila, Tolima e indígenas del Cauca, y cada vez llegan más, para protestar unidos en lo que se ha denominado Paro Cafetero. Los labriegos se tomaron la vía desde el día 25 de febrero de 2013 para reclamar por los bajos precios del café y presionar al gobierno para llegar a un acuerdo justo sobre las ganancias del café, que -según los indignados- se están quedando en los intermediarios y en la Federación Nacional de Cafeteros como intermediario mayorista exportador.
Los caficultores argumentan estar trabajando a pérdida, ya que, según un campesino algecireño, “producir una carga de café cuesta $650.000 pesos, el intermediario nos la está pagando en $550.000 pesos, estamos perdiendo $100.000, el café no está dando ni pa el mismo, estamos trabajando a pérdida”.
Los campesinos dicen estar en pésimas condiciones, salen a los paros por necesidad o porque como lo afirmaba un campesino, están aguantando hambre en los campos y de hambre no pueden dejar morir sus familias.
Lo cierto es que en menos de cuatro meses los campesinos vuelven a la ciudad a reclamar derechos al gobierno responsable de la administración estatal. El pasado 9 de octubre se movilizaron más de 16.000 campesinos en todo el departamento exigiendo derechos básicos como vías, educación, salud y desarrollo rural, además de apoyar los diálogos de paz y exigir un espacio como sociedad civil en las mesas de negociación.
Estos sucesos frecuentes de movilización social, dan cuenta de una coyuntura política especial por la que transcurre la vida del país. La sociedad civil en el ejercicio de la ciudadanía protesta para exigir derechos no reconocidos por el Estado y para proponer salidas al conflicto social y armado. Sin embargo, frente al ejercicio ciudadano el gobierno nacional y departamental ha anunciado ante los medios no tolerar las vías de hecho y cumpliendo su palabra ha respondido de manera represiva.
El gran sofisma radica en el lema gubernamental “respetar la protesta pero no tolerar las vías de hecho”. Ante la premisa surge una pregunta: ¿Qué es la protesta sino una vía de hecho? De ahí que no se pueda respetar la protesta sin tolerar el paro campesino, máxime de un paro públicamente conocido con previa antelación. El debate que empieza siendo político termina siendo jurídico para caer en legalismos que buscan defender el establecimiento. No en vano el pasado debate entre la gobernadora destituida y los campesinos indignados de octubre del 2012 fue el de si la marcha podía hacerse o no; la gobernadora y su gabinete, acompañados del general Palomino, decían no permitir la marcha por la usencia del permiso que debían gestionar ante la municipalidad para marchar por las calles de Neiva; frente a esto la comisión política del campesinado respondía que ellos estaban ejerciendo el artículo 37 de la constitución política a la libre manifestación, lo cual legitimaba su actuación, a lo que agregaban que si hubieran pedido permiso nunca se los irían a dar, así que nunca los dejarían marchar. Para los leguleyos la ley se superpone, para los constitucionalistas prevalece el pacto social, la población -como uno de los elementos fundamentales para la existencia del Estado- prima sobre cualquier ley por tratarse del constituyente primario.
La coyuntura que es política, que es de reconocimiento de derechos y de sujetos políticos, coge otro giro, también con ánimo leguleyo: las vías de derecho y las vías de hecho. Los gobernantes dicen no aceptar las vías de hecho, los campesinos argumentan estar cansados de acumular vías de derecho incumplidas. El sofisma vuelve, retorna, se sostiene y hace su aparición cuando la primera respuesta del Estado ante las exigencias campesinas es el uso de la violencia; lo que debe ser lo último se convierte en lo primero, la vía de hecho del Estado si es legítima y se tolera. La pregunta que cabe aquí es ¿Cuándo es procedente que el estado use sus vías de hecho? El gobierno que se asienta en el poder debe también de manera primordial abordar sus vías de derecho y negociación política, antes que usar la fuerza. Pues lo contrario sería casi usar el monopolio de la violencia del Estado de manera propia, intransigente, casi como una fuerza privada. Ahí se deslegitimaría la razón de la fuerza pública, que debe defender la población, brindarle seguridad.
Aquí surge otro debate, el de la ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿A quién le garantiza los derechos constitucionales el Estado? ¿Solo los que acceden a los derechos son ciudadanos o todos los habitantes del territorio nacional? ¿A quiénes defiende, a quiénes protege, a quiénes les garantiza seguridad? Estos interrogantes dan cuenta de una crisis del contrato social en Colombia, una Constitución Política que no parece beneficiar a la población, pues se vuelve cada vez más gaseosa, la cual ha sido reformada 29 veces en menos de 22 años y cada vez más es inferior frente a la ley.
El siglo XXI nos sorprende en Colombia con una pirámide legislativa invertida, los reglamentos, los decretos presidenciales, los actos y las leyes tienen más fuerza que la misma Constitución que le da nacimiento a todo el aparato estatal. Esta situación jurídica se pone en evidencia en la palestra política, en el ágora pública desconocida, maltratada. El Estado lejos de pretender escuchar a la población que le da su génesis, actúa de manera autoritaria, desconociendo a su propia ciudadanía, infringiendo dolor sobre su propia población, omitiendo el debate político, la discusión de la cosa pública. Por ello no sorprende la constante de la violencia estatal contra la ciudadanía, pero si conmueve profundamente el que los campesinos en el paro le griten al ESMAD: “Ustedes son hijos de campesinos”.
Por: Tania Helena Gómez
Plataforma Sur
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