Ante la resistencia popular, el alcalde del municipio de Gigante, Iván Luna Ortíz, decidió aplazar el desalojo de más de 100 familias que se encuentran asentadas en la vereda La Honda desde hace más de un año en procura de compensaciones por parte de la multinacional EMGESA, la cual pretende poner a funcionar el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, prevalida de una licencia ambiental y el decreto presidencial de utilidad pública 1575 del 2011, que recayó sobre el territorio de los municipios de Gigante, Garzón, y El Agrado en el departamento del Huila.

Decisiones que son tomadas por el gobierno nacional sobre los territorios regionales, repercuten en la vida de las comunidades locales, quienes por lo general nunca son consultadas de las disposiciones de palacio. El Estado nacional, por su carácter centralista, ha desconocido el discernimiento político de los habitantes de las regiones, quienes como única posibilidad deben someterse a decretos y licencias presidenciales, que supuestamente no tienen reversa.

Por su parte, los gobiernos locales, fungen como parte de la red política del gobierno central, que lejos están de oponerse o –por lo menos- disentir a las decisiones del presidente. De esta manera, las comunidades locales carecen de representación efectiva en los cargos de representación de la democracia indirecta que ostenta nuestro Estado Social de Derecho.

Como ya lo reflexionaran las investigaciones del CINEP, la construcción de Estado en Colombia se ha dado a partir de redes clientelares que articulan el poder central al poder local. Lo plantea Fernán González al “Interpretar la historia política colombiana desde la articulación de la competencia interna entre grupos oligárquicos dentro de cada región, que se basan generalmente en una relación de tipo clientelista que establece una mediación política y social entre los individuos y sus familias con el jefe local o gamonal” (González, 1997).

Este proceder político se ve reflejado en el caso concreto del Quimbo, que con la justificación de ser una decisión de Estado, los gobernantes y padrinos políticos locales fueron incapaces de oponerse al proyecto, aún a sabiendas de los efectos negativos que traería para el departamento del Huila. Doblegados a la política del poder central y defendiendo sus personales intereses, no representaron los intereses regionales de la ciudadanía, desconociendo el bienestar general.

Ante el negocio firmado por el expresidente Uribe con la multinacional EMGESA de la entrega del territorio, continuado por el presidente Santos y la anuencia de los gobiernos departamental, municipales y la dirigencia política en general; los senadores, representantes y diputados del departamento, incluso llegaron a reclamarse orgullosamente la paternidad del proyecto, como lo hiciera el senador Rodrigo Villalba como un gran paterdel Huila. La ciudadanía en oposición al P.H. Quimbo fue señalada con el calificativo de mamertos de izquierda que le endilgara el senador Hernán Andrade a quienes alertarmos desde hace más de cuatro años de las afectaciones económicas y sociales que traería este proyecto desplazador.

Hoy, la carta del Alcalde de Gigante es un llamado desesperado al poder central para que ayude a solucionar el problema local que generó una decisión tomada a puerta cerrada en el palacio presidencial. El constituyente primario, como es natural, toma su lugar en la región en demanda de simples derechos constitucionales. Paradójicamente, constituyente primario y representantes públicos entran en contradicción, cuando los segundos deben ser la voz de los primeros y que, en la administración pública, deben velar por el bienestar y el interés general.

¿Habrán olvidado los funcionarios públicos para qué fueron elegidos? ¿Sabrán qué es lo que significa un Estado Social de Derecho? ¿Tienen presente la Constitución Política de Colombia, norma de normas?

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